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Perspectivas del sector de telecomunicaciones en Ecuador en el 2007

Perspectivas del sector de telecomunicaciones en Ecuador en el 2007

14 marzo, 2007 0 comentarios

Por Hugo Carrión G.

Con apenas un mes de posesionado, es difícil e incluso injusto evaluar su gestión. Más aún cuando estas primeras semanas los principales actores del quehacer nacional se han enfrascado en una cerrada discusión respecto a la tan anunciada reforma política a través de una Asamblea Nacional Constituyente.

 

En el Ecuador el año 2007 empezamos con nuevo gobierno, y con él, nuevas esperanzas de cambios y transformaciones radicales como afirmaba el candidato ganador – hoy presidente constitucional- Econ. Rafael Correa Delgado.

Con apenas un mes de posesionado, es difícil e incluso injusto evaluar su gestión. Más aún cuando estas primeras semanas los principales actores del quehacer nacional se han enfrascado en una cerrada discusión respecto a la tan anunciada reforma política a través de una Asamblea Nacional Constituyente.

Si bien esta realidad política no ha producido aún cambios estructurales en el sector de telecomunicaciones, la designación de las autoridades de las entidades regulatorias y de las operadoras de telefonía fija estatales, nos dan luces de que podemos esperar este año.

El primero en ser designado, incluso antes de la posesión oficial del presidente, fue el Gerente del Fondo de Solidaridad, entidad que es dueña de las empresas telefónicas y eléctricas del Ecuador. A pesar de las promesas que en su momento se hicieron de moralizar todas las instituciones, en boca del mismo funcionario, existen vacíos legales que no le permitirán actuar con toda la diligencia que quisiera. Y más grave aún, algunas atribuciones estarían fuera de su competencia.

Le siguieron, a esta nominación, la posesión de los directorios de las empresas Andinatel y Pacifictel y sus respectivos presidentes ejecutivos. Las primeras acciones de los funcionarios han sido sacar a la luz pública, condenables e increíbles casos de corrupción, cometidos en las administraciones del último gobierno. Mientras en Pacifictel se hacían compras de última hora por USD 700.000 en cinta aislante, lo cual según expertos alcanzaría para 20 años; en Andinatel se denunciaban contratos por más de 20 millones de dólares en software que no se tiene certeza que utilidad prestarán a la telefónica. Mientras el nepotismo y las mafias sindicales campean en las telefónicas, Pacifictel continúa dando número rojos en sus balances y Andinatel tradicionalmente eficiente, empieza a reportar menores ganancias.

Al menos estos primeros días hemos sido testigos de conferencias de prensa en donde los presidentes ejecutivos han denunciado sin pelos en la lengua las atrocidades cometidas. Sin embargo en provincias como Manabí, partidarios del presidente Correa, se han tomado las instalaciones de Pacifictel pues no están de acuerdo con la designación de la gerente nombrada.

Posteriormente las autoridades de los entes de regulación CONATEL y SENATEL, fueron designadas. Aquí parece que no habrá muchos cambios, pues el gobierno ha ratificado a funcionarios que actuaron como directores regionales de estas mismas instituciones en el gobierno anterior. En el plan de gobierno se declaraba al sector de telecomunicaciones como una prioridad nacional e incluía dentro de sus acciones inmediatas la reducción de tarifas, la revisión del proceso de renovación de contratos de la telefonía celular y la necesidad de un nuevo marco jurídico.

Por lo tanto tenemos que esperar a las primeras resoluciones de las entidades de regulación cuyo mayor reto está en la valoración del contrato de renovación con las operadoras celulares. Mientras el gobierno anterior hablaba de montos menores a los 100 millones de dólares por 15 años de operación, expertos en la materia hacían cálculos que superarían los 1.000 millones. Tremendo desafío pues con 900 millones de dólares el gobierno podría hacer realidad muchos de los ofrecimientos en el ámbito social.

Las operadoras ya han salido a denunciar la posibilidad que más de 8 millones de abonados se quedarían sin servicio en caso de que no se renueven los contratos. Las autoridades actuales ¿aceptarán el chantaje, cambiarán los términos de los contratos o estarían dispuestas a una nacionalización de las empresas? Todavía no hay definiciones.

Las autoridades del CONARTEL, ente encargado de la regulación de la Radio y la Televisión, son empresarios de la radiodifusión, lo que genera pocas expectativas de cambio en un sector que en los últimos meses se vio involucrado en graves denuncias por la asignación irregular de más de 168 frecuencias de radio y televisión, que beneficiaba únicamente a parientes y amigos de los representantes de las asociaciones gremiales en el Consejo. Un informe preliminar de la Contraloría General del Estado, relata con lujo de detalles los procedimientos ilegales que se utilizaron para legitimar prácticas corruptas.

La designación pendiente es la de Superintendente de Telecomunicaciones, que es elegido por el Congreso Nacional de una terna enviada por el ejecutivo. La coyuntura política hace prever que esta y otras autoridades que dependen del poder legislativo servirán como armas de negociación en el tema de la Constituyente, de tal manera que el funcionario electo, llegará atado de pies y mano bajo presiones de legisladores, como ya ha ocurrido en el pasado.

Finalmente, otro de los temas, que causó expectativa fue la declaración de la utilización oficial de Software Libre en las instituciones del Estado. Al parecer la nueva Secretaría Nacional de Informática, sería la encargada de poner en marcha este plan, bastante similar a lo ocurrido en Venezuela. Sin embargo aún no se ha concretado su creación y según entendidos en la materia, un proceso de migración tan complejo como el que se promete, podría tomar varios años. No obstante hay que aclarar que la decisión de hacerlo, tomando en cuenta los principios en los que se inspiran, son desde todo punto de vista plausibles.

En resumen, un mes después de la posesión del nuevo gobierno, el sector de telecomunicaciones parece no ser el sector estratégico que se declaraba meses atrás. Hay que esperar que las denuncias de corrupción se concreten en sanciones y no queden en palabras sueltas al viento. Definitivamente no esperábamos que en tan corto tiempo se den pasos en concreto, pero nos reservamos el derecho de dudar que lo hagan.