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Un foro con actores del sector fue el escenario para recoger propuestas para el cuerpo legal.
Ratificar el derecho de todos los ecuatorianos a la comunicación, los principios de una comunicación democrática que son la plurinacionalidad, interculturalidad, igualdad en la diversidad, el sistema de comunicación, los elementos de control social, el papel de los medios de comunicación, son entre otros, los puntos básicos de la propuesta que presentará el Foro Ecuatoriano de la Comunicación a la Comisión Legislativa de Fiscalización.
Según la vicepresidenta de la Federación Nacional de Periodistas (Fenape), María Eugenia Garcés, la propuesta que aspiran a que sea tomada en cuenta en la estructuración de la Ley Orgánica de Comunicación, ratifica el mandato constitucional de que los sectores público, privado y comunitario tengan acceso a los medios de comunicación.
A su vez, el representante de la Organización Católica Latinoamericana de Comunicación (Oclac), José Mármol, manifestó que respalda la iniciativa, porque reinvindica y defiende el derecho a la comunicación consagrado en la Constitución, la cual en su Art. 16 dispone que: “Todas las personas en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1) Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos”, a lo que se suma que la comunicación es también la base para el ejercicio de todos los derechos.
En la propuesta para la nueva Ley de Comunicación, el Foro plantea una reglamentación convergente, una ley única y global, que articule las diversas actividades (tecnología, infraestructura y contenidos), bajo el prisma del interés público.
En la propuesta se plantea una reglamento de comunicación convergente, una ley única del sector
También sugiere que las bases del cuerpo legal sean: la plurinacionalidad; la interculturalidad; la igualdad en la diversidad; la corresponsabilidad; la participación y la soberanía, mientras que el sistema de comunicación debe rebasar la institucionalidad tradicional, con miras a incluir todos los aspectos relacionados con el tema: políticas, actores (privados, públicos, organizaciones sociales y comunitarias, pueblos), medios, telecomunicaciones, institucionalidad y normativa, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución.
Asimismo, debe garantizar el ejercicio de un control de la ciudadanía sobre la formulación de políticas, la calidad de los servicios y contenidos. Y, además, debe tener la debida articulación con los sistemas de educación, cultura, salud, etc.
Como un hecho especial, destacan que el órgano rector del sistema, con rango ministerial, sería el encargado de definir, formular y ejecutar las políticas públicas y planes comunicacionales, de garantizar el ejercicio de los principios y derechos de la comunicación, de fomentar, regular y controlar las entidades, procesos y recursos que conforman el sistema y de coordinar con los actores involucrados.
Además, se debe conformar una instancia autónoma (Consejo) de participación social encargada de velar y contribuir al ejercicio pleno de la comunicación y de la libertad de expresión, de proponer políticas y planes públicos de comunicación; de la defensa y garantías de los tres sectores de medios; de impulsar mecanismos de participación ciudadana y de procesar los reclamos de la ciudadanía.
Para Mármol, la propuesta está siendo pulida antes de ser enviada al Legislativo y sugiere también que el control y la participación social son fundamentales para que los medios puedan cumplir a cabalidad sus objetivos, por lo que deberán conformar veedurías, particularmente para controlar la programación.
Señaló que destinarán un espacio para proponer que todas las entidades públicas o privadas manejen presupuestos del Estado deben estar obligadas a informar sobre sus actividades y uso de recursos, de manera transparente.
Fuente: Telégrafo
Resolución Proyecto PROMEC
El Libro Blanco de la Sociedad de la Información
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